A lo largo de su historia, AUDHI ha sido un instrumento de posicionamiento y negociación en distintos ámbitos de la sociedad, en lo relativo a la investigación, la enseñanza de la historia, la preservación del patrimonio y de los archivos. Aquí se recopilan algunos de los documentos producidos con ese fin.

Comunicado en apoyo al director del Museo Histórico Nacional argentino, Gabriel di Meglio. Julio de 2025.

Montevideo, 2 de junio de 2023.

De la Comisión Directiva de AUDHI.

El 17 de mayo del corriente año, el Ministro de Defensa Nacional envió un proyecto al Parlamento Nacional con el propósito de crear una “Sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”, con el objetivo darles acceso “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos.” En su fundamentación, se señala que los archivos en cuestión refieren a “los denominados ‘Archivos Berrutti’ u otros a los que en el futuro se logren obtener”.

Desde el año 2011 existe una sección de estas características en el Archivo General de la Nación y su función refiere específicamente a la custodia de “Archivos Berrutti” (la designación refiere a la Ministra Azucena Berrutti, quien halló la documentación y la puso a disposición), que en rigor consisten en rollos de microfilms con copias de documentos producidos por diferentes dependencias de la inteligencia militar desde los inicios de la década de 1970 hasta por lo menos los años noventa. Constituye el único fondo documental transferido de forma integral desde el Ministerio de Defensa Nacional al Archivo General de la Nación y su acceso ha estado regulado en favor de las investigaciones vinculadas con causas judiciales. Su reserva está fundamentada por la Ley de Protección de Datos Personales, ley 18.331 de agosto de 2008.

En la fundamentación del proyecto recientemente presentado por el gobierno se considera que ha sido nula la actividad del Archivo Nacional de la Memoria dependiente del Archivo General de la Nación (AGN), creado por ley 18.435 de diciembre 2008 y se sostiene que la "efectiva posibilidad del conocimiento de los archivos referidos u otros similares debe ser universal, con la mayor agilidad y facilidad posible, como las que brindan las soluciones informáticas.”

Los historiadores, habituados a trabajar con archivos de diferente índole, sometemos la documentación a un riguroso examen para conocer su origen, autoría, contexto de producción y autenticidad como fuente de conocimiento. En todo el mundo existen archivos complejos y son objeto de debate porque están asociados a contextos de violencia política cuyas derivaciones aún están vigentes. Esta complejidad no debe ser nunca un obstáculo para su acceso, pero sí requiere establecer marcos de garantías para su adecuada divulgación, protocolos claros y un tratamiento adecuado y profesional de la información.

El proyecto presentado por el gobierno parte del supuesto de que la mera divulgación mediante copias digitales puestas en línea aporta la verdad sobre lo ocurrido en el pasado, sin tener en cuenta que estos documentos no son “verdades sobre los hechos”, sino el resultado de una metodología de recolección de datos que constituyó una política represiva en sí misma. La sistematización de las informaciones se realizó a partir de espionaje ilegal, cuestionarios llevados a cabo bajo tortura o estableciendo cadenas de informantes a partir de métodos de coacción directos o indirectos. En líneas generales, estos documentos construyen una mirada incriminatoria sobre los sujetos y organizaciones mencionadas, que tuvo el objetivo específico de legitimar la persecución política. Esto no quiere decir que no deban ser accesibles al conjunto de la sociedad o ser utilizados en el marco de investigaciones periodísticas o académicas, pero sí que para hacerlo, minimizando el riesgo de usos difamatorios, es necesario que estén debidamente organizados, identificados y contextualizados.

Asimismo, el proyecto no establece las potestades y los recursos que se destinarán a la nueva institucionalidad ni a la AGESIC para la implementación de los aspectos técnicos requeridos. Tampoco se explicita cómo va a ser interpretada la Ley N° 18.331, citada como referencia, y cuáles son los fondos documentales afectados.

Sólo en clave de política pública, que trascienda los anuncios periódicos de cada gobierno, es posible atender a una problemática cuya resolución asegurará más transparencia y más democracia para el conjunto de la población uruguaya. Estamos convencidos de que mejorar las condiciones de aproximación al pasado constituye una necesidad de nuestra sociedad.

La Asociación Uruguaya de Historiadores aspira a que estos procesos se realicen mediante planes de trabajo y proyectos de investigación de largo aliento, que integren diferentes actores y saberes, y se pone a disposición para colaborar en ellos.

Comisión Directiva de la Asociación de Historiadores del Uruguay.

Ana Frega

Nicolás Duffau

María Eugenia Jung

Mónica Maronna

Mauricio Bruno

Declaraciones reativas a los cambios en los programas de Historia en Educación Secundaria, noviembre de 2022.